La aprobación de la Ley 122-2025 en Puerto Rico ha encendido alarmas entre profesionales de la salud, organizaciones comunitarias feministas, y personas que acompañan a adolescentes en procesos de salud sexual y reproductiva. La nueva ley exige el consentimiento por escrito de madres, padres o tutores legales para que una persona menor de 15 años pueda acceder a un aborto.
A simple vista, podría parecer una medida diseñada para “proteger” a la niñez. Pero cuando escuchamos las historias reales de adolescentes en Puerto Rico —muchas enfrentando violencia, miedo, coerción o falta de apoyo familiar— entendemos que esta ley crea más barreras, más silencios y más riesgo.
En el episodio 75 de Se Vale Preguntar, la ginecóloga Dra. Yarí Vale Moreno y la trabajadora social Johana Karis explican paso a paso qué establece la ley, por qué es peligrosa y cómo afecta la autonomía, la salud mental y el bienestar de adolescentes que enfrentan embarazos no deseados. Escúchalo completo aquí:
¿Qué establece exactamente la Ley 122-2025?
La ley exige dos requisitos principales para cualquier persona menor de 15 años que solicite un aborto:
1. Activar un protocolo como si fuera un caso de violación técnica
Así la relación haya sido entre pares de la misma edad y consensuada, la ley obliga al personal a:
- tratarlo como sospecha de abuso sexual,
- activar un informe de maltrato al Departamento de la Familia,
- involucrar a trabajadoras sociales o consejerxs profesionales,
- detener el proceso clínico hasta completar la evaluación.
Este requisito no toma en cuenta la realidad: la mayoría de las relaciones sexuales entre adolescentes ocurren entre pares, no con adultos agresores.
2. Requerir consentimiento parental obligatorio
Sin este consentimiento, la adolescente no puede acceder al aborto, incluso si:
- su familia es un espacio violento,
- teme represalias,
- la persona que la embarazó forma parte del hogar,
- ha sido expulsada de su casa,
- necesita discreción por seguridad,
- o su salud mental está en peligro.
A diferencia de otros lugares, en Puerto Rico no existe un judicial bypass (un mecanismo para pedir permiso a un juez cuando la familia no apoya).
¿A quién afecta más esta ley?
Y como señala Johana:
“Implica que no van a llegar. Muchas van a terminar pariendo. Esa es la realidad.”
Consecuencias graves: lo que realmente va a pasar
1. Más maternidad forzada
La Organización Mundial de la Salud reconoce que obligar a alguien a continuar un embarazo contra su voluntad es una forma de tortura.
En Puerto Rico:
- es delito obligar a una persona a abortar,
- pero no es delito obligarla a parir.
La contradicción es evidente… y profunda.
2. Más abortos inseguros
La evidencia internacional es clara:
cuando cierras la puerta del acceso legal, las jóvenes buscan alternativas clandestinas.
Eso significa:
- comprar pastillas en el mercado informal,
- recibir información incorrecta,
- hacerse daño sin saberlo,
- recurrir a métodos no seguros,
- enfrentar complicaciones (hemorragias, infecciones),
- llegar a salas de emergencia con abortos incompletos,
- caer en desesperación o sufrir crisis severas de salud mental.
Como recuerda Johana:
“En Puerto Rico no existe una red formal de autogestión del aborto. La información de la calle no siempre es correcta ni segura.”
3. Más silencio, miedo y estigma
Muchas adolescentes ya llegan a las clínicas con miedo de haber “decepcionado” a sus papás.
La ley aumenta ese miedo:
- miedo a ser juzgadas,
- miedo a perder la custodia familiar,
- miedo a que intervenga el Departamento de la Familia,
- miedo a represalias por parte del agresor.
El miedo nunca ha sido una herramienta de salud pública.
Y mucho menos cuando hablamos de niñas y adolescentes vulnerabilizadas.
4. Más obstáculos para las clínicas y para el sistema de salud
La ley también afecta al sistema:
- obliga a clínicas a contratar personal especializado que quizás no tienen,
- exige protocolos duplicados que ya existen bajo otros reglamentos,
- criminaliza la atención clínica,
- presiona a que todo se maneje como abuso sexual —aunque no lo sea.
Esto limita el acceso a servicios esenciales y sobrecarga hospitales.
5. No evita el abuso sexual (aunque ese sea el “argumento” político)
La ley no añade mecanismos reales para identificar abuso sexual.
Es más: solo aplica a jóvenes que buscan abortar, no a:
- las que acuden a cuidado prenatal,
- las que dan a luz,
- las que presentan señales claras de maltrato.
Si de verdad se quisiera combatir la violencia sexual, la política pública sería distinta.
¿Qué pasa si la familia no es segura?
La ley solo exime el consentimiento parental en casos de incesto comprobado.
Pero incluso en esos casos:
- la clínica tendría que activar custodia de emergencia,
- la menor quedaría bajo supervisión estatal mientras se coordina el aborto.
Para todo lo demás, no existe ninguna vía alternativa. La adolescente queda atrapada en un sistema que no la escucha. Según investigaciones como las de la Universidad de California (UCSF): Más del 70% de adolescentes buscarían un aborto por otras vías antes de decirle a sus padres.
Eso puede incluir:
- viajar sin apoyo,
- conseguir medicamentos en la calle,
- recibir instrucciones incorrectas,
- poner en riesgo su salud mental,
- considerar el suicidio ante la imposibilidad de acceder a un aborto seguro.
Mensaje para las adolescentes que puedan estar viviendo esto
Desde Se Vale Preguntar, queremos que este mensaje quede claro:
- Tu cuerpo es tuyo.
- No estás sola.
- Protégete siempre que puedas con condón.
- Habla con una persona adulta de confianza si estás en riesgo.
- Busca ayuda profesional.
- Y recuerda: hay organizaciones y profesionales dispuestos a luchar contigo para que tengas acceso al servicio que necesitas.
Como dice la Dra. Vale:
“Estar acompañada en este mar de olas grandes hace toda la diferencia.”
Si tú o alguien cercano necesita orientación sobre salud sexual, derechos reproductivos o procesos de aborto seguro, estamos aquí para acompañarte. Saca tu cita hoy.